A seis meses del devastador incendio en Cimari, la falta de respuestas de las autoridades sigue siendo motivo de preocupación para las familias de Ramos Arizpe.
Medio año después del devastador incendio que arrasó con las instalaciones del Centro Integral para el Manejo y Almacenamiento de Residuos Industriales de San Andrés (Cimari), operado por Tecnología Ambiental Especializada, la falta de sanciones y respuestas de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal continúa ocultando los estragos causados por el desastre.
La impactante nube tóxica y la contaminación resultante de los vertidos de líquidos nocivos solo inquietan a las comunidades cercanas al sitio, mientras que para las autoridades pareciera que el incidente nunca ocurrió.
En los días posteriores al incendio de residuos tóxicos, las autoridades federales mantuvieron un mutismo absoluto y se negaron a comentar a Capital Coahuila. Las autoridades estatales y municipales, por su parte, lamentaron el suceso y argumentaron que la regulación y sanción de tales empresas corresponde a la Federación.
Los incendios en Cimari son una triste saga, con cinco incidentes mayores registrados en las instalaciones de Ramos Arizpe. Estos eventos han resultado en la quema de cientos de toneladas de residuos, causando una preocupante contaminación del aire, suelo y, posiblemente, de los acuíferos locales.
Tras el incendio del 27 de marzo de este año, Ambientalistas y organizaciones en pro del medio ambiente pidieron a las autoridades federales a revocar las autorizaciones de Tecnología Ambiental Especializada.
«En 2015 hubo otro incendio, en 2017 otro, en 2018 uno más, y ayer, nuevamente, el quinto incendio. Si bien es cierto que los accidentes pueden ocurrir, cinco de ellos plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las condiciones necesarias por parte de César Rueda, el gerente y director del confinamiento«, señaló un activista.
«A mi parecer, cinco incendios son más que suficientes para revocar definitivamente su autorización de operación, pero parece que los nuevos líderes de la 4T, incluyendo a la Secretaria María Luisa Albores, muestran una profunda ignorancia al respecto«, agregó.
No obstante, las autoridades aún no han proporcionado respuestas a los residentes locales acerca de los posibles daños a la atmósfera, al suelo, a la flora y fauna, al ganado, al agua y, en última instancia, a su salud. La comunidad espera ansiosamente que no transcurran otros seis meses, o incluso seis años, antes de obtener las respuestas que merecen.